No se privatiza la educación’; adicionan leyes secundarias

 Saltillo, Coah.- Las adecuaciones a distintas disposiciones legales en materia educativa fueron enviadas por el gobernador Rubén Moreira Valdez, a fin de armonizar el marco legislativo con las iniciativas federales y en las cuales se rechaza la privatización del servicio, se privilegia la calidad y se puntualiza que no perderán el empleo los maestros que están en activo, aunque podrán reubicarse o retirarse si no obtienen resultados positivos en tres evaluaciones. La iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley Estatal de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila y al estatuto jurídico para los trabajadores de la educación al servicio del Estado y de los municipios. Dichas reformas implican la referencia a la Ley General de Educación y al Instituto Nacional de Evaluación mediante las cuales desde el Gobierno federal se busca mejorar la calidad en la educación, evitar los estereotipos y la discriminación, además de eliminar las cuotas y en su lugar establecer los donativos que de forma voluntaria otorguen los padres de familia, y las cuales no deben considerarse como contraprestación al servicio educativo. “Con esta reforma las escuelas públicas tendrán autonomía de gestión, la cual permite a éstas tomar decisiones para su mejor funcionamiento, de acuerdo con las leyes. Así las cosas, deberán administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciban del Estado, con base en su planeación anual de actividades, y es preciso señalar que esto no implica en ningún momento la privatización de las escuelas ni de elemento alguno del sistema educativo”, puntualiza la iniciativa que fue remitida a comisiones. El documento subraya que el sistema educativo está integrado, además de los padres, alumnos y maestros, por el sistema de infraestructura y gestoría educativa, el servicio profesional docente, evaluación educativa. Destaca que el plan de estímulos para los trabajadores de la educación se llevará a cabo según los resultados que se obtengan del proceso de evaluación. En cuanto a las escuelas privadas, aumenta la sanción económica mínima de 100 a 500 veces el salario mínimo y que puede llegar a los 5 mil, a quienes infrinjan la ley al ofrecer un servicio sin el registro correspondiente. La suspensión del servicio y otras infracciones pueden derivar en apercibimiento público o privado y la cancelación de la autorización. En la reforma al estatuto jurídico, se puntualiza que no podrán hacerse descuentos al salario como cuotas sindicales ordinarias, a menos que se haya expresado por parte del trabajador. En su artículo séptimo transitorio se subraya que no se perderá el “empleo, categoría, nivel salarial, prestaciones y beneficios, salvo en los casos previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente”. En el caso de supervisores y directores, así como asesores pedagógicos, se sujetarán a los procesos de evaluación y regularización de la Ley del Servicio Profesional Docente, según precisa el octavo transitorio. Dicha disposición agrega que en caso que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que precisa el Artículo 53 de dicha ley, “no será separado de la función pública, pero sí adscrito para otras áreas académicas... o bien se podrá incorporar a los programas de retiro que se autoricen”.